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Impunidad gubernamental Javier Sicilia
MÉXICO, D.F., 1 de diciembre (Proceso).- Cada vez se hace más claro que lo único que distingue a la clase política del crimen organizado es la impunidad. Mientras que al criminal se le asesina o –en el caso de que el Ministerio Público y el juez cumplan con su tarea– se le procesa y sentencia, el político no sólo puede cometer durante su estancia en el poder todo tipo de ilícitos, sino que a su salida queda tan impoluto como una virgen. Nadie, a pesar de la documentación en su contra, osa destituirlo; nadie tampoco osa hacerlo comparecer ante la justicia cuando ha dejado el encargo. Se trata del ancestral método que señoreó la vida política del país cuando la revolución se institucionalizó y procedió como una dictadura, sólo que ahora de manera cínica y cobijada bajo el argumento de la democracia, el fuero y la “salud” de la vida partidista.
Donde volvamos el rostro, sea al PAN (Calderón, Molinar Horcasitas, por nombrar sólo a quienes tienen evidencias claras en su contra), al PRI (Mario Marín, Eduardo Bours, Arturo Montiel, Salinas de Gortari) o al PRD (Amalia Hernández, Zeferino Torreblanca), vemos con profundo horror que el poder y sus intereses están por encima de la ley y que sus actores son tan criminales como los políticos que los cobijan.
El caso más claro, por las evidencias documentadas en su contra, es el de Ulises Ruiz. Durante su gobierno, como lo ha mostrado Pedro Matías (Proceso 1776), se asesinó a 200 personas, entre “luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas”, se realizaron “600 detenciones” ilegales, “siete desapariciones forzadas”, innumerables secuestros, 380 torturas y una creciente espiral de violencia. Ahora que lo deja –en medio de spots apologéticos con cargo al erario, es decir, a la ciudadanía que tanto agravió, y un informe de gobierno triunfalista– se agregan a esos delitos el no cumplimiento de las “mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros”, “nueve solicitudes de juicio político [y] 40 controversias constitucionales por la destitución de funcionarios [y] discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios”. Ulises Ruiz, como muchos de nuestros políticos, gobernó como un criminal impune y se va como tal.